La iniciativa para llamar 'homomonio' al matrimonio gay caduca

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS)

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que perseguía cambiar el nombre del matrimonio entre personas del mismo sexo para denominarlo "homomonio", registrada en el Congreso a finales de 2006, ha caducado al no haber cumplido sus promotores el requisito de reunir las 500.000 firmas necesarias para iniciar su tramitación parlamentaria.

Así lo constata la Junta Electoral Central (JEC), en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, en el que explica que la propuesta no podrá ser debatida por el Pleno del Congreso ya que se ha "agotado el plazo sin que se haya hecho entrega de la firmas recogidas".

La Constitución española establece en su artículo 87 que, además de Gobierno y de las Cortes, los ciudadanos pueden promover proposiciones de ley mediante la recogida de 500.000 firmas en un plazo determinado.

NUEVE MESES.

La reciente reforma de la Ley Orgánica que regula estas propuestas amplió el plazo de recogida de firmas de seis a nueve meses, prorrogables un trimestre más, y determinaba que, una vez reconocidas las 500.000 firmas por la Junta Electoral Central, la Mesa del Congreso debe incluir su debate en sesión plenaria en los seis meses posteriores.

La JEC admitió a trámite la iniciativa sobre el 'homomonio' el 8 de marzo de 2007, es decir, que sus promotores tuvieron hasta el pasado mes de diciembre para hacer constar sus apoyos en el Congreso. Una vez cumplido el plazo, al no haberse producido ese registro, la Junta Electoral da por caducada la propuesta.

La misma suerte ha corrido otro texto del que también está detrás el defensor del 'homomonio', Alejandro Escribano Sanmartín, quien fue candidato al Senado por Los Verdes-Ecopacifistas. Se trata de una iniciativa que perseguía el reconocimiento del servicio militar o la Prestación Social Sustitutoria (PSS) como tiempo trabajado a efectos de cálculos de la jubilación.

Escribano alegó hace unas semanas, en otro escrito remitido al Congreso, que suspendía la promoción de la iniciativa popular sobre 'la mili' y la PSS al considerar que su objetivo ya había sido incorporado a la legislación española por parte del gobierno y de los grupos parlamentarios, a los que llegó a acusar de plagio.

También ha caducado otra Iniciativa Legislativa Popular que tenía como objetivo aumentar a seis meses la baja por maternidad, pese a que la Junta Electoral había autorizado a su impulsores a prorrogar tres meses el plazo de recogida de firmas.

PROPUESTAS AL MARGEN DE LOS PARTIDOS.

A lo largo de la historia del reciente parlamentarismo español, ninguna de estas iniciativas populares al margen de los partidos ha llegado a convertirse en ley cumpliendo toda su tramitación parlamentaria. Más tarde o más temprano, los partidos políticos han bloqueado su tramitación o han transformado a su gusto su contenido.

Sin embargo, los ciudadanos no dejan de hacer uso de su derecho a llevar sus propuestas legislativas a la Cámara Baja. En total, en esta legislatura, se han registrado en el Congreso 10 iniciativas de este tipo, a las que hay que sumar, otras tres cuya tramitación se había iniciado en la legislatura anterior.

Además de las tres citadas, en estos cuatro años han caducado otras cuatro por no haber entregado a tiempo el medio millón de firmas requerido. En concreto, estas propuestas versaban sobre la protección y acogimiento de embriones, las pensiones de viudedad, las ayudas para las víctimas de violencia doméstica y la extinción de los coeficientes reductores al cumplir los 65 años.

Otras tres --sobre la baja de maternidad, la inmigración en Canarias y el fomento de la Cultura de la Paz-- ni siquiera fueron admitidas por la Junta Electoral Central.

SÓLO UNA LLEGÓ AL PLENO Y FUE RECHAZADA.

En resumen, de las 13 iniciativas populares que han estado vivas estos cuatro años, sólo una llegó a ser debatida en el Pleno del Congreso tras haber acreditado los apoyos necesarios: la derogación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, auspiciada por el Foro de la Familia, cuya tramitación fue rechazada el pasado mes de febrero.

También han logrado las 500.000 firmas necesarias los impulsores de otros dos textos, que ya habrán de ser elevados al Pleno en la próxima legislatura. Este el caso de un texto propuesto por la Plataforma Ciudadana de Seguridad Privada, que busca modificar la Ley que regula este sector, y otra sobre contratos de distribución.